Manuel Sacristán, en sus Tres lecciones sobre la Universidad y la división del trabajo, ofrece una lectura marxista que sigue siendo hoy una herramienta imprescindible para entender la presión que sufren las universidades públicas: la separación entre ciencia y trabajo, la función de reproducción de élites y la complicidad institucional con la lógica capitalista de división del trabajo. Sacristán subraya que la universidad no es una esfera neutra del saber: es un espacio reproductivo de hegemonía capitalista donde la ciencia, la formación profesional y la reproducción de las jerarquías sociales se entrelazan.
Desde la escala global y europea, tres procesos contemporáneos muestran la persistencia de las tesis de Sacristán en el presente: la mercantilización del conocimiento, la competencia por financiación y la fragmentación organizativa donde la institución se administra como empresa y la investigación queda atada a objetivos de mercado. Este encadenamiento provoca dos efectos centrales: primero, la ciencia se subsume a criterios de rentabilidad y de “impacto” medible; segundo, los distintos roles académicos (docencia, investigación, gestión) se jerarquizan y precarizan, reproduciendo la desigualdad social dentro del propio campus. A esto hay que añadir que el proceso de Bolonia ya fragmentó las competencias de las antiguas licenciaturas en grados y másteres de precio desigual, lo cual unido al continuo aumento del coste de estudio (lo cual incluye las tasas universitarias pero también los precios de la vivienda o del coste de la vida confirman la advertencia de Sacristán sobre la función de la universidad como un agente de reproducción de la división social del trabajo.
En España y en la Unión Europea esa tendencia materializa políticas concretas: modelos de financiación por resultados, imposición de mecanismos competitivos entre centros y una creciente transferencia de funciones a actores privados. En muchos países europeos la financiación pública se ha retraído o condicionado, lo que obliga a las universidades a buscar recursos externos y a adaptar sus planes a criterios empresariales (contratos, patentes, ranking), con el consiguiente desplazamiento de la investigación básica y la formación crítica. Estos procesos no son solo administrativos; reconfiguran los fines sociales de la universidad, limitan su autonomía democrática y fomentan la precarización del personal docente e investigador.
Sacristán subraya que la Universidad no es una esfera neutra del saber: es un espacio reproductivo de hegemonía capitalista donde se entrelazan ciencia, formación y reproducción de las jerarquías sociales
La reciente movilización en la Comunidad de Madrid —con paros y manifestaciones convocadas por plataformas, organizaciones sindicales y movimientos estudiantiles de las seis universidades públicas madrileñas— pone en evidencia, a escala local, la tensión entre la lógica neoliberal y la función pública de la universidad. Trabajadores y estudiantes han denunciado la “asfixia económica”, la propuesta de un modelo de financiación competitivo y la amenaza de una ley regional que limitaría la aportación autonómica y la participación en los procesos negociadores; en respuesta han convocado paros académicos y manifestaciones para exigir financiación suficiente y la retirada del borrador de ley. Estas protestas ilustran cómo, cuando la universidad deja de ser sostenida como bien público, emergen conflictos que ponen sobre la mesa la defensa del conocimiento como bien social frente a su conversión en mercancía.
Desde la crítica marxista se derivan dos demandas estratégicas para articular la reforma universitaria: democratización real y reorientación productiva. Democratizar la universidad no es solo ampliar el acceso, sino desjerarquizar sus funciones: reconocimiento igualitario de la docencia y la investigación, participación efectiva de la comunidad universitaria en la gobernanza y garantías materiales para que la formación no reproduzca desigualdades sociales. Reorientar la función productiva implica defender la investigación básica y la ciencia pública como bienes comunes, financiados colectivamente y libres de la subordinación exclusiva a intereses de mercado. Esto requiere planes plurianuales de financiación, estabilidad laboral para el personal académico y mecanismos que desvinculen la evaluación de la lógica mercantil.
La huelga madrileña, por tanto, no es un conflicto aislado ni defensivo: es una disputa sobre la naturaleza misma de la universidad. ¿Será esta un servicio público orientado al conocimiento colectivo y la emancipación social, o un proveedor de capital humano y productos científicos en una cadena de valor neoliberal? Sacristán nos recuerda que no se trata de abolir la universidad en cuanto forma, sino de transformar las relaciones sociales que la constituyen: suprimir la función reproductora de élites y reubicar la ciencia como fuerza productiva al servicio de la sociedad, no del mercado. Para hacer viable esa transformación se requieren alianzas sociales amplias: movimientos estudiantiles y sindicatos universitarios (como los que han impulsado la convocatoria en Madrid), acuerdos interuniversitarios en Europa que privilegien la financiación pública estable, y marcos legales que blinden la autonomía democrática frente a las injerencias mercantiles. En la tradición comunista, la batalla por la universidad es inseparable de la lucha por otro tipo de organización social: porque mientras la división social del trabajo capitalista siga sin cuestionarse, la universidad seguirá reproduciendo desigualdades, aunque cambien los nombres de sus reformas.
