El 7 de mayo hay convocada una jornada de huelga en el primer ciclo de educación infantil y desde el Área de Movimiento Obrero y Área Externa del Partido Comunista de España llaman al conjunto de las comunidades educativas a apoyar la convocatoria de los trabajadores y trabajadoras de todos los centros educativos del Estado.
«La situación que atraviesa el sector —dice el texto emitido por el PCE— no es una hecho aislado, sino una consecuencia directa de un modelo que antepone el beneficio privado al bienestar de la clase trabajadora, y que apuesta por privatizar la educación», y señala el caso del actual presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, quien renunció a la partida de 119 millones que aseguraban más plazas de 0 a 3 años en la enseñanza publica, mejores condiciones de trabajo y gratuidad para las familias.
La etapa educativa del primer ciclo de educación infantil, señala el documento del Partido, sufre un proceso de privatización que precariza las condiciones laborales del personal, un sector feminizado, con bajos salarios y escaso reconocimiento profesional. El llamamiento a la huelga no es solo una reivindicación de mejora de las condiciones laborales, también reivindica mejoras estructurales en medios y dotaciones que redunden en el alumnado.
«En el sector —explica el documento— conviven distintas realidades: la prestación de servicios desde la propia red pública, la externalización hacia empresas privadas y la financiación pública de la escolarización en centros privados». En las comunidades autónomas gobernadas por la derecha y la extrema derecha hay un auge de la financiación pública hacia las empresas privadas, una transferencia de recursos hacia intereses particulares. La falta premeditada de plazas públicas en ese tramo educativo (0-3 años) hace que el menor entre en el circuito privado-concertado del que ya no sale y garantiza a la empresa privada la «clientela» para el resto de las etapas educativas.
Mención merecen también la situación de las escuelas infantiles dependientes de los ayuntamientos con ausencia de legislación laboral específica, más allá del Estatuto de los Trabajadores, lo que deja a estas empleadas municipales en una situación similar o peor que las de las empresas privadas.
Valoran desde el PCE que la reivindicación de integrar los servicios en la red pública para garantizar calidad del servicio y garantías laborales es legítima, y consideran que «sólo mediante la organización y la acción colectiva será posible avanzar hacia un modelo educativo público, gratuito, universal y emancipador, donde el trabajo de cuidados deje de ser un nicho de precariedad y ocupe el lugar central que le corresponde en la estructura social».
