Juventud e Infancia

Combatir la pobreza infantil en Europa en el marco del rearme y el belicismo de la UE

El plan de rearme europeo busca movilizar hasta 800.000 millones de euros en cuatro años a costa de los tímidos avances en cohesión social.
Reunión en Nicosia (Chipre), sobre la implementación de la GIA | Ministerio Juventud e Infancia
Reunión en Nicosia (Chipre), sobre la implementación de la GIA | Ministerio Juventud e Infancia

Cuando la UE adoptó hace cinco años la Garantía Infantil Europea como mecanismo de lucha contra la pobreza infantil se garantizó financiación a través de la asignación de una parte del Fondo Social Europeo Plus. Hoy la amenaza de la escalada militarista y el escaso desarrollo de las políticas ligadas a esta GIA pueden significar un retroceso peligroso.

Los debates actuales en el marco del futuro marco de financiación plurianual de la UE a partir del 2027 están significando ya un cambio de timón en el modelo de construcción europeo. Todos y cada uno de los sectores económicos y sociales de la UE ven con preocupación cómo los destinos de los 1,07 billones de euros que se han consignado entre 2012 y 2027 van a sufrir alteraciones en un contexto de priorización por políticas de seguridad y rearme de la capacidad militar operativa en la UE.

¿Y a costa de qué? Pues evidentemente de los tímidos avances en cohesión social o de Política Agraria Común que se habían ido consolidando estos años. Entre los capítulos contenidos en el primer bloque, la estrategia europea de lucha contra la pobreza infantil corre serias amenazas al no tener claro un horizonte de consolidación presupuestaria de la misma. Hasta ahora, la Unión Europea había venido reforzando su lucha contra la pobreza infantil a través de la Garantía Infantil Europea, una iniciativa clave cuyo presupuesto se ejecuta principalmente mediante la adscripción de un porcentaje en torno del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Y eso a pesar de que hasta la fecha esta estrategia europea para la infancia dotaba una financiación que el Parlamento Europeo ha calificado de insuficiente y ha requerido en múltiples ocasiones que se ampliase al menos hasta los 20.000 millones de euros para garantizar especialmente los objetivos marcados en el origen fundacional de la GIA: el acceso gratuito y efectivo a servicios básicos como educación y atención sanitaria temprana, la nutrición saludable especialmente en los comedores escolares y la vivienda adecuada y accesible.

Este debate, en el marco de las negociaciones del nuevo periodo presupuestario en Europa, supone para España una urgencia importante ya que registra una de las tasas más altas de pobreza infantil de toda la Unión Europea (afectando a cerca de un 28% o 29% de los menores), una cifra muy superior a la media comunitaria.

La pobreza infantil no puede abordarse mediante medidas aisladas; a menudo las familias necesitan apoyo combinado en diferentes ámbitos

Porque en nuestro país, en estos cinco años desde la adopción de la Garantía Europea de la Infancia, se ha consignado asignar a la GIA un 8% de los fondos totales del FSE+, muy por encima de la media europea y del propio requerimiento del Parlamento Europeo de consignar cuando menos un 5% del mismo. Y porque además ha sido especialmente útil ya que ha promovido un enfoque más coordinado e integrado entre administraciones (ministerios, administraciones regionales, municipios, centros educativos, el sector sanitario y organizaciones de la sociedad civil han colaborado más estrechamente mediante la GIA). Esta cooperación es esencial porque la pobreza infantil no es solo una cuestión económica. También afecta a la educación, la salud, la vivienda, la alimentación y la participación social.

Tal y como hemos trasladado desde el Ministerio de Juventud e Infancia en la reciente reunión de alto nivel en Nicosia —en el marco de la presidencia chipriota de la UE— sobre la implementación de la GIA,  esta es un mecanismo esencial para la lucha contra la pobreza infantil especialmente por poner énfasis en enfoques integrados y preventivos, estableciendo el reconocimiento de que la pobreza infantil no puede abordarse mediante medidas aisladas y que las familias a menudo necesitan apoyo combinado en diferentes ámbitos.

Los primeros años de vida son cruciales para el bienestar futuro, el éxito educativo y la inclusión social de un niño. Invertir en la primera infancia es una de las políticas más eficaces y justas

En esta reunión de Nicosia hemos también apoyado firmemente el renovado énfasis en el desarrollo de la primera infancia. La investigación demuestra que los primeros años de vida son cruciales para el bienestar futuro, el éxito educativo y la inclusión social de un niño. Invertir en la primera infancia es una de las políticas más eficaces y justas que podemos implementar, y la universalización de la educación de 0 a 3 años es una prioridad para nosotros. Además, se ha planteado que la mayor atención a la salud mental es especialmente importante. En los últimos años, muchos niños y adolescentes han experimentado ansiedad, aislamiento y estrés emocional. Los servicios de salud mental para niños y jóvenes deben ser más accesibles e inclusivos.

Desde el Ministerio de Juventud se ha planteado también un mayor énfasis en la participación infantil como elemento central de la GIA. Los niños no solo deben ser beneficiarios de las políticas, sino que también deben tener la oportunidad de expresar sus opiniones, dar su parecer y contribuir a las decisiones que afectan a sus vidas. Escuchar a los niños ayuda a crear políticas más eficaces e inclusivas.

Por desgracia, cuanto más necesitamos debates sobre mayor implementación de la GIA y mayor dotación de recursos, los diálogos y anuncios de la UE son diametralmente opuestos. Todo parece aventurar que el plan de rearme europeo, conocido como iniciativa Preparación 2030 (antes ReArm Europe), busca movilizar hasta 800.000 millones de euros en cuatro años lo que será sin duda un esfuerzo económico ya no de futuros aumentos de las políticas sociales en Europa, sino posiblemente de los recursos ya consignados puesto que Bruselas contempla hasta 150.000 millones de euros en préstamos para inversiones en defensa y 650.000 millones a costa de los presupuestos de los Estados miembros, permitiéndoles aumentar el déficit público para gasto militar pero análogamente consignando una contención en el gasto social. Es el fin de la UE de los fondos PRTR o de las políticas postcovid que permitieron avanzar tímidamente en algunos capítulos sociales.

En este contexto terrible, la voz del gobierno español tiene que ser diametralmente opuesta, ya que nos jugamos mucho y el futuro de varias generaciones en el desarrollo de esta estrategia europea contra la pobreza infantil.

(*) Secretario de Estado de Juventud e Infancia