A mediados del siglo pasado, en pleno apogeo de la Guerra Fría, comenzó a utilizarse la expresión «zona de sacrificio» para designar aquellos lugares en los que las grandes potencias realizaron pruebas nucleares. Eran territorios condenados a soportar durante décadas las consecuencias de una actividad que se desarrollaba muy lejos de sus habitantes y cuyos beneficios, en cambio, se repartían en otros lugares.
Con el tiempo, el concepto se ha extendido a otros territorios sometidos a una degradación ambiental extrema. Quizá Almería merezca entrar en esa lista.
La provincia produce alrededor de cuatro millones de toneladas de hortalizas al año. La mayor parte procede de los invernaderos que cubren los campos de Dalías y Níjar, ese «mar de plástico» que se ha convertido en el gran hito geográfico de la provincia y que, por su extensión, resulta visible incluso desde el espacio. De hecho, en Almería se concentra alrededor del 80% de los invernaderos de toda Andalucía.
En Almería se concentra alrededor del 80% de los invernaderos de toda Andalucía
Esta concentración extrema de la producción en una parte minúscula del territorio ha dejado su huella. Los plásticos se extienden desde la costa mediterránea hasta las laderas de las montañas, ocupando buena parte del espacio entre unos municipios y otros. Allí donde antes había paisaje, encontramos invernaderos.
Allí donde quedan carreteras, muchas veces ni siquiera hay arcén: por ellas circulan al comienzo y al final de cada jornada los trabajadores de los cultivos, cada vez más frecuentemente en patinete eléctrico.
El paisaje no es la única cosa que ha cambiado
La concentración de la agricultura intensiva ha presionado los acuíferos, ha contribuido a la eutrofización de las aguas y ha desplazado especies autóctonas. La aridez del territorio puede hacer menos evidente la magnitud de esta transformación, pero basta fijarse en algunos casos concretos. La expansión de los invernaderos ha contribuido a la desaparición de buena parte del artos de El Ejido, un endemismo mediterráneo amenazado, y con él de las especies que dependían de este hábitat.
A ello se suman los residuos de plástico y materia orgánica generados por la actividad agrícola. Parte de estos vertidos termina afectando a albuferas, acuíferos y al propio mar, favoreciendo procesos de eutrofización y proliferaciones de algas que pueden reducir el oxígeno disponible y dañar los ecosistemas acuáticos. El problema, por tanto, no termina en la superficie blanca de los invernaderos: se extiende bajo tierra y llega hasta el litoral.
Pero una zona de sacrificio no se define únicamente por aquello que sacrifica del territorio. También puede reconocerse por aquello que sacrifica de quienes trabajan en él.
El trabajo como peón agrícola en los invernaderos almerienses es sofocante, físicamente exigente y mal remunerado. Una gran proporción de estos trabajadores superexplotados son, inevitablemente, migrantes procedentes del norte africano y Europa del este, quienes no tienen más remedio que aceptar estas condiciones por su exclusión sistemática del resto del mercado laboral.
Y ahí aparece otro de los grandes paisajes reconocibles de la provincia: la extrema derecha.
El racismo ocupa buena parte de su discurso porque cumple una función muy concreta. Si un trabajador autóctono y uno migrante perciben al otro como un competidor, resulta más difícil que ambos se reconozcan como miembros de una misma clase con intereses comunes. El enfrentamiento entre trabajadores permite que el conflicto deje de dirigirse hacia quien concentra la propiedad y los beneficios de la actividad productiva. El racismo, así entendido, no solo divide: también protege.
Mientras tanto, las comunistas deberíamos evitar una conclusión demasiado sencilla. El problema no es el plástico. Tampoco lo es, por sí misma, la tecnología del invernadero.
De hecho, los cultivos bajo cubierta pueden utilizar menos agua, tierra y pesticidas que otras formas de producción capaces de obtener una cantidad equivalente de alimentos. Convertir el invernadero en el enemigo sería confundir el instrumento con las relaciones sociales que determinan cómo se utiliza.
Porque un mismo recurso puede servir para producir alimentos de manera racional o para maximizar beneficios a costa del territorio y de quienes trabajan en él. La cuestión fundamental no es, por tanto, si existe un invernadero, sino quién decide qué se produce, cómo se produce, para quién y bajo qué condiciones.
La cuestión fundamental no es, por tanto, si existe un invernadero, sino quién decide qué se produce, cómo se produce, para quién y bajo qué condiciones
La verdadera causa del sacrificio de la tierra y de los trabajadores del campo almeriense no está en el plástico. Está en una organización económica que convierte tanto los recursos naturales como la fuerza de trabajo en instrumentos para obtener el máximo beneficio posible.
Y esa distinción es importante también para pensar la alternativa.
No necesitamos regresar a una agricultura idealizada del pasado ni demonizar las herramientas con las que contamos. Necesitamos decidir colectivamente qué producir, cuánto producir, dónde hacerlo y con qué condiciones laborales y ambientales. Necesitamos una economía planificada que coloque los recursos y la producción al servicio de las necesidades sociales y no de la rentabilidad privada.
Porque una economía racional no debería necesitar convertir territorios enteros en zonas de sacrificio para alimentar los beneficios de unos pocos. Ni debería obligar a sus trabajadores a sacrificar su salud y sus derechos para que ese modelo pueda sostenerse. El problema de Almería no es que produzca demasiado. Es que produce bajo unas relaciones sociales que permiten que la riqueza generada conviva con el deterioro del territorio y la precariedad de quienes lo hacen posible. Y mientras unos se quedan con los beneficios, otros ponen el territorio y el cuerpo.
