La izquierda española lleva demasiado tiempo reaccionando al conflicto territorial en lugar de dirigirlo. Unos apelan a la unidad del Estado; otros se limitan a acompañar el derecho a decidir. Mientras tanto, el eje identitario ordena la política y las élites económicas —también las que se envuelven en banderas territoriales— mantienen intacto su poder.
Así no se gobierna. Así se perpetúa un modelo donde el conflicto territorial sustituye a la transformación social. Si no resolvemos esta contradicción, el eje identitario seguirá fragmentando cualquier proyecto popular durante una generación.
Hay que cambiar el terreno de juego.
En 1922, en plena construcción de la Unión Soviética, Lenin enfrentó un dilema estructural: si imponía centralismo ruso, reproducía el viejo imperialismo bajo otra forma; si aceptaba soberanías sin articulación común, ponía en riesgo la cohesión. No eligió entre forma y fragmentación. Cambió el plano del conflicto.
Reconoció el derecho formal a la secesión para desactivar el agravio nacional. Pero comprendía algo decisivo: sin igualdad material no hay unidad política duradera. El poder económico debía permanecer articulado; la mejora social debía ser común. Lenin sabía que el derecho formal no bastaba: sin hegemonía material el edificio sería frágil.
No fue la única vez que la izquierda afrontó este dilema. En la Europa central de comienzos del siglo XX, Karl Renner y Otto Bauer plantearon una solución similar frente a la fragmentación nacional del Imperio austrohúngaro: amplia autonomía cultural para los pueblos y unidad económica y política para garantizar derechos comunes. La nación podía ser plural; la protección social debía ser compartida. La cohesión no descansaba en la uniformidad, sino en un suelo material común.
La experiencia del último ciclo político español demuestra que sin una síntesis clara entre reconocimiento plurinacional y núcleo social común, cualquier mayoría progresista queda expuesta a la fractura territorial. Sería un error tratar de ajustar el debate territorial. Urge un cambo del eje sobre el que se organiza parte de la política española.
No se trata de copiar modelos —vivimos en una democracia parlamentaria—, sino de extraer una enseñanza estratégica válida también hoy: el conflicto nacional pierde fuerza cuando la igualdad social se convierte en el eje vertebrador de la política.
El nudo gordiano español
En España el problema no es solo jurídico. Es de poder.
Bajo la bandera independentista conviven trabajadores precarios y élites económicas consolidadas. Bajo el discurso de la unidad nacional ocurre lo mismo. Esa unidad interclasista genera un doble vínculo político que actúa como verdadero blindaje del sistema. Mientras el eje sea “España sí o España no”, la desigualdad queda intacta.
Hoy un joven trabajador puede compartir piso en Barcelona, Madrid o Bilbao. Puede hablar distintas lenguas, votar opciones distintas, identificarse con símbolos diferentes. Pero no puede decidir el precio del alquiler que paga ni influir en la estructura empresarial que determina su salario. Ahí está el verdadero conflicto.
No es solo una disputa simbólica. Es una situación en la que el capital actúa unido mientras la clase trabajadora aparece dividida. La izquierda no puede seguir atrapada entre el centralismo reactivo y el seguidismo identitario. Necesita una síntesis propia y debe decirla sin miedo.
Muchas identidades. Un solo suelo de derechos.
Centralismo de derechos, descentralización de identidades
La vía es clara: (i) reconocimiento pleno y explícito de la pluralidad nacional, lingüística y cultural. (ii) Al mismo tiempo, blindaje común e irreversible de los derechos sociales.
La vivienda, la sanidad, la educación, los cuidados, el salario mínimo o la fiscalidad progresiva no pueden depender del pulso territorial permanente ni convertirse en herramientas de competencia a la baja. La dignidad material no puede ser autonómica.
Pero el centralismo de derechos no significa uniformidad. Significa algo mucho más preciso: el Estado como garante de un mínimo común irrenunciable para toda la clase trabajadora.
Ese mínimo no se negocia. No se compite. No se rebaja.
Y, al mismo tiempo, cada comunidad tiene plena libertad para ir más allá, para ampliar derechos, para innovar socialmente, siempre que sea en favor de la mayoría trabajadora. Se puede hacer más. Nunca menos. El centro no es un uniformizador cultural. Es el vigilante del suelo común.
Donde se decide el poder real
Garantizar un suelo común no es una declaración simbólica. Es una decisión política que solo se vuelve real cuando protege a la mayoría incluso frente a intereses económicos consolidados. Y eso obliga a entrar en el terreno donde se concentra el privilegio.
Significa una armonización fiscal obligatoria sobre grandes patrimonios y herencias, con tipos mínimos estatales ineludibles que impidan la competencia a la baja entre territorios. Ninguna bandera puede justificar el privilegio fiscal de las grandes fortunas.
Significa una ley estatal fuerte contra el rentismo inmobiliario, con límites efectivos al alquiler, penalización real de la vivienda vacía especulativa y un plan masivo de parque público financiado con carácter finalista. El derecho a la vivienda no puede depender del equilibrio parlamentario autonómico mientras el capital inmobiliario opera sin fronteras.
Significa el blindaje estatal de la negociación colectiva sectorial, impidiendo que salarios y derechos laborales se fragmenten territorialmente. La clase trabajadora no puede competir entre sí mientras el capital coordina su estrategia.
Y significa avanzar hacia la democracia económica en las grandes empresas: participación obligatoria de los trabajadores en consejos de administración, acceso a información estratégica y participación en beneficios. Porque no basta con redistribuir después; hay que democratizar el poder donde se produce la riqueza. La alianza estratégica entre proyecto político transformador y sindicalismo de clase —con CC.OO. como referencia imprescindible— es, en este punto, clave.
Estas medidas no son sectoriales. Son estructurales. Reorganizan el poder. Y obligan a elegir.
Sin un mínimo común blindado, la cuestión territorial seguirá ordenando la política. Con él, la lucha por la igualdad puede volver a ocupar el centro del sistema.
En un Estado plurinacional integrado en la Unión Europea, la disyuntiva entre recentralización inviable y fragmentación social permanente no ofrece salida estable. Solo un núcleo social común blindado puede sostener mayoría transformadora y estabilidad institucional al mismo tiempo.
Romper la alianza de privilegio
Cuando el conflicto deja de ser identitario y pasa a ser estructural —quién paga impuestos, quién fija el alquiler, quién decide en la empresa— la frontera simbólica pierde capacidad de ordenar la política.
Las derechas territoriales tendrían que decidir si defienden el privilegio de sus élites económicas o los derechos de su base trabajadora. Y esa decisión fractura la alianza interclasista que hoy sostiene el bloqueo.
No es Madrid contra Barcelona. No es España contra Euskadi.
Es privilegio contra derechos.
El conflicto territorial no se resuelve negándolo ni absolutizándolo. Se resuelve desplazando el centro de gravedad de la política. Cuando el mínimo común está blindado y el Estado actúa como garante efectivo frente a cualquier intento de rebaja social —venga de donde venga— el trabajador deja de necesitar que la identidad funcione como escudo. El eje se desplaza. El nudo empieza a aflojarse.
Lealtad material
La cohesión política no se construye con consignas ni con apelaciones abstractas a la unidad. Se construye con protección efectiva.
El día que un trabajador de Bilbao, Barcelona o Sevilla sienta que su alquiler, su sanidad o su convenio están blindados por una ley común que su propia burguesía local querría rebajar, el eje del conflicto empezará a desplazarse.
Eso es lealtad material: saber que el mínimo común te protege incluso frente a los poderosos de tu propio territorio. Sin lealtad material no hay proyecto común posible. Con ella, la pluralidad nacional deja de ser una amenaza y se convierte en diversidad dentro de un suelo compartido. La lealtad material no es una consigna moral, sino una arquitectura institucional capaz de estabilizar mayorías en un Estado plurinacional.
La identidad puede ser plural. La redistribución no puede serlo. La democracia económica no puede depender del territorio.
Muchas identidades.
Un solo suelo de derechos.
Esa es la arquitectura que puede sostener un Estado plurinacional estable y una mayoría transformadora duradera.
El centralismo de derechos no es recentralización defensiva. Es garantía de igualdad. Es la condición para que la pluralidad nacional no se convierta en coartada del privilegio. Es la condición para que la izquierda vuelva a dirigir el país. Sin mínimo común blindado y sin democratización económica, no habrá mayoría transformadora posible. Y sin esa mayoría, el conflicto territorial seguirá siendo el refugio cómodo del privilegio.
