Durante los días 25 y 26 de febrero han tenido lugar a lo largo de todo el estado una serie de movilizaciones, huelgas y encierros que ponen el foco de la protesta en un mismo objetivo: el Decreto 43/2015, conocido como la reforma del “3+2”, que el Consejo de ministros aprobó el pasado 30 de enero.
Dicha medida en líneas generales supone la posibilidad de que las universidades reduzcan los años de grado de 4 a 3, y aumenten los años de máster de 1 a 2. Las consecuencias de un proceso así se plantean en tres ejes: por un lado se encarece brutalmente el precio del máster al doblarse su número de años, dando lugar a una mayor elitización de los mismos; por otro la reducción de los grados en un año supone una devaluación de los conocimientos impartidos que redunda en una mayor exposición a la precariedad y el paro; por último el Decreto se impone unilateralmente por el ministro Wert sin tener en cuenta a la comunidad universitaria.
Desde el Gobierno se ha insistido en que el objetivo de la reforma es acercarnos al modelo de estudios imperante en el resto de Europa. Sin embargo, lo cierto es que el modelo dominante en los países de nuestro entorno se caracteriza por la igualdad de precio entre grado y máster –cuando no, como en 8 países, por la gratuidad–, por una financiación prácticamente íntegra estatal, y por unas altas tasas de especialización por estudiantes que al terminar el grado cursan un máster, lo que redunda en unos menores índices de desempleo al ingresar al mercado laboral.
Las movilizaciones incidían en estos aspectos, y fundamentalmente recalcaban el carácter antidemocrático de una reforma que se implementaba excluyendo del debate a quienes afectaba directamente. En Cáceres la madrugada del 26 arrancaba con un encierro en el rectorado de la Universidad, y durante toda la mañana las aulas en ciudades como Santander, Sevilla o Barcelona aparecían vacías y las entradas a los centros amanecían con cientos de estudiantes informando a través de piquetes de la necesidad de parar la reforma.
Tras un curso marcado por la “normalidad” en nuestras universidades, atípico si tenemos en cuenta los procesos de lucha que veníamos viviendo desde hace 4 años, la lucha contra el 3+2 supone una ocasión para reactivar políticamente a los estudiantes como uno de los motores del cambio y la unidad popular. Si venimos acostumbrados a una lucha estudiantil subalterna, dependiente de un movimiento del Ministerio para despertar una respuesta por parte del movimiento estudiantil, de lo que se trata es de articular una demanda estudiantil en torno a la propuesta de una agenda propia que pase por la apuesta por construir Universidad para la mayoría. Decimos que el 3+2 abre una ventana de oportunidad para constituir una demanda estudiantil que aspire a ganar una voluntad social mayoritaria porque pone en el centro del debate la cuestión universitaria, porque pone a relucir las deficiencias de nuestro sistema de enseñanza superior en comparativa con los otros países europeos, y porque pretende expropiar a los sectores populares de un servicio público básico en tiempos de crisis para la cohesión social como la educación.
En este sentido, iniciativas como el Referéndum que se organizará en las universidades madrileñas son interesantes porque no sólo va a preguntarse a los estudiantes si están a favor de la modificación de los planes de estudios –cuestión que es obvia que no si se tiene en cuenta el rechazo social y mediático casi instantáneo que generó– sino porque plantean la necesidad de reivindicar la Universidad como un bien social imprescindible en nuestro tiempo no sólo para los estudiantes sino para el conjunto de capas afectadas por la salida antisocial a la crisis. Problematizan la cuestión universitaria como una cuestión social, reclaman retomar la voz de quienes han sido silenciados, y sientan las bases para plantear que la Universidad pública es esencial para una salida a la crisis en favor de los trabajadores.
