Unidas Podemos registrará este jueves en el Congreso una proposición para reformar el Código Penal y perseguir a empresas como Desokupa, que se dedican a desalojar viviendas saltandose los procedimientos legales y usando el chantaje y la amenaza para conseguir sus fines. Sus miembros se podrían enfrentar a penas de entre uno y cuatro años de cárcel, según la reforma que propone la coalición de izquierdas, que considera a estas compañías como un problema democrático grave y el germen de un comando parapolicial.
Desde Unidas Podemos han indicado que el texto plantea perseguir expresamente a las personas y empresas que, movidos por el ánimo de lucro, «hostiguen, acosen, discriminen o intimiden» a personas en situación de vulnerabilidad. Esta reforma legal crearía un nuevo tipo que permitiría la disolución de organizaciones como Desokupa, demandará que se eleve el reproche penal para los que «hagan negocio contra personas en situación de vulnerabilidad», y conjugar elementos del delito de coacciones y del delito de odio.
En concreto, se modificarían los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal, para penar con multa de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años a actividades de estas compañías. Además, se establecería la disolución de las personas jurídicas (empresas) responsables de dichos delitos y se bloquearía su acceso a internet.
Denuncian en la fiscalía su última actuación
La Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado a la Fiscalía de Delitos de Odio la incitación al odio y los «cánticos nazis» durante las protestas del pasado jueves en la plaza Bonanova convocada por Daniel Esteve, cara visible de Desokupa, quien ha sido denunciado en varias ocasiones por realizar acciones delictivas.
En la denuncia presentada se detalla que se realizaron «cánticos nazis, saludos fascistas y manifestaciones incitando al odio ideológico contra personas que identifican como de signo contrario y contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau». Así pues, el Ayuntamiento ha instado a esclarecer todos los hechos relatados y a que se derive la investigación pertinente.
«Entendemos que estos hechos no pueden estar amparados por el derecho a la libertad de expresión, ya que de manera clara y explícita suponen un menosprecio hacia las personas de ideología de izquierdas, liberales, progresistas o de cualquiera que consideren antagónica», aseguran en el escrito.
