El miércoles 21 de junio el consejo de ministros francés decidió ordenar la disolución del movimiento ecosocial Les Soulèvements de la Terre (LSDT, Los levantamientos de la Tierra), tal como había anunciado previamente el ministro del interior Gerald Darmain.
Este anuncio llega tras una intensa represión contra el movimiento, con varias oleadas de detenciones de militantes en sus domicilios en diferentes ciudades de Francia (la última el 20 de junio) llevadas a cabo por la subdirección antiterrorista (SDAT) y brutales intervenciones policiales como la de la protesta de Sainte-Soline contra las mega-balsas de riego. La repercusión de esta actuación policial, que estuvo a punto de costarle la vida a un joven, Serge S., que aún se recupera tras haber salido de un coma, dio a conocer internacionalmente el movimiento.
Les Soulèvements de la Terre es una amplia composición de colectivos locales en defensa del territorio, grupos ecologistas, agricultores, colectivos autónomos, grupos naturalistas o uniones sindicales, entre otros, surgida tras las experiencia de las muchas ZAD (Zona a Defender) que se han desarrollado en Francia durante la última década. Entre ellas la más conocida, además de exitosa en su cometido, es la de Notre-Dame-Des-Landes contra la construcción de un nuevo aeropuerto en Nantes.
Les Soulèvements de la Terre cuenta con un enorme apoyo popular tanto en la opinión pública y el mundo académico como entre los miles de personas que componen los comités locales del movimiento por todo el país. Desde 2021 han convocado diversas movilizaciones masivas acompañadas de acciones directas y de sabotaje contra grandes proyectos, tales como la creación de un embalse para nieve artificial en la estación de esquí de La Clusaz, la ampliación de canteras para la empresa de cemento Lafarge o contra el acaparamiento de agua por la agroindustria en diferentes zonas.
Los activistas de Les Soulèvements de la Terre han respondido a la medida del gobierno francés haciendo un llamamiento a manifestarse en todos los pueblos y ciudades del país. El grupo ecologista considera que se les criminaliza y acusa a la industria agrícola de estar detrás e instar al gobierno a tomar la decisión. En un comunicado emitido esta semana, la organización ha reivindicado que a pesar de la prohibición, el movimiento está «vivo» y es «colectivamente imparable», ya que aseguran que cuentan con una «fuerte red» de 110.000 miembros,180 comités locales y simpatizantes a sindicatos y la vida pública. Los abogados de los Soulèvements también han anunciado su intención de presentar un recurso ante el Consejo de Estado contra la disolución del colectivo, porque la decisión «ataca las libertades fundamentales».
Este intento de ilegalizar un amplio movimiento social se enmarca en una deriva autoritaria del gobierno de Macron, con expresiones como la llamada “Ley separatismo” establecida a priori para combatir grupos armados y con la que se ha criminalizado a diferentes colectivos antirracistas, y que de hecho es la utilizada contra LSDT. De igual modo la violencia policial desplegada hacia las protestas contra la reforma de las pensiones confirma esta deriva, compartida por otros países europeos en los que también se ha situado al ecologismo en el punto de mira, como demuestran las detenciones domiciliarias de miembros del colectivo Letzte Generation en Alemania el pasado mayo o la represión al movimiento Just Stop Oil en Reino Unido. En este sentido, en España están recientes las detenciones y juicios a los activistas de Rebelión Científica por sus protestas no-violentas y el caso de infiltración policial en colectivos contra el cambio climático, en esta misma línea de criminalización de la protesta ecológica.
IU denuncia la actuación del Gobierno francés
Izquierda Unida, a través de la responsable federal de su Área de Medioambiente, Eva García, ha denunciado la “inaceptable disolución del movimiento Les Soulèvements de la Terre / Los levantamientos de la Tierra (LSDT) por parte del Gobierno francés”, al tiempo que anuncia medidas ante las instancias europeas para “frenar la criminalización de la lucha contra la crisis ecosocial”.
Eva García ha recordado que Les Soulèvements de la Terre “llevan desde 2021 convocando movilizaciones masivas y acciones directas contra macroproyectos de alto impacto ambiental y social por todo el territorio francés, para lo que siempre han contado con un amplio respaldo social y académico”. “Desde IU queremos incidir en la denuncia expresa y contundente ante esta clara forma de criminalización de la protesta, una manera más de perseguir a quienes luchan por combatir la emergencia climática y protegen el territorio”, ha destacado.
La responsable federal del Área de Medioambiente de IU explica que “tanto la violencia policial como este tipo de acciones políticas de criminalización no son exclusivas de Francia, aunque esta ilegalización profundiza en una peligrosa deriva autoritaria. También debería servirnos a los demás como un claro aviso -añade- sobre cómo el neoliberalismo, y no solo la extrema derecha, gestionan la crisis ecosocial que soportamos y que, lejos de desaparecer, cada vez será más profunda, igual que lo puede ser la contundencia de la represión si no lo evitamos”.
Eva García apunta que “no es necesario mirar muy lejos para repasar casos de criminalización similares, como las detenciones y juicios en nuestro país a miembros de Rebelión Científica, como el filósofo Jorge Riechamnn, o el escandaloso precedente de infiltrados policiales en los movimientos ecologistas. Debemos defender y estar junto a quienes denuncian la perpetuación de políticas suicidas frente a la crisis ecosocial”.
Por su parte Sira Rego, portavoz federal y eurodiputada de IU, adelanta que “además de otras actuaciones ya en marcha, desde Izquierda Unida vamos a llevar al Parlamento Europeo a través de nuestro grupo de La Izquierda las decisiones tomadas por las autoridades francesas, así como solicitar un debate de urgencia en el próximo pleno de Estrasburgo”.
Destaca lo “preocupante a todos los niveles” que resulta el comportamiento autoritario de Macron. “Lo hemos visto en la represión de las protestas contra la reforma de las pensiones y la vergonzosa actuación policial contra los manifestantes. Ahora, este último paso del Gobierno francés contra el colectivo medioambientalista pone aún más en duda su nivel democrático, incompatible con la crítica social y el compromiso contra la crisis ecosocial”, añade Rego.
