El teniente coronel Burak fue detenido en 2018 por denunciar públicamente la corrupción del gobierno letón. La represalia del gobierno (durante el mandato del presidente Raimonds Vējonis, un político «verde» conservador y ultranacionalista) fue acusarlo de ser un espía ruso, para desactivar así las denuncias de Burak.
El actual presidente letón, Edgars Rinkēvičs, era entonces ministro de Asuntos Exteriores cuando organizaron la trama para acusar a Burak de ser «espía ruso».
El juicio fue a puerta cerrada y ni siquiera pudieron conocerse los detalles de la acusación. Fue condenado a 15 años de prisión. Todos los recursos fueron rechazados. Para Burak, de hecho, fue una condena a cadena perpetua, que ha terminado con su muerte.
La Unión Europea nunca dijo nada al respecto, y no es probable que lo haga ahora. Tampoco, que el gobierno Sánchez-Díaz, que mantiene magníficas relaciones con Letonia, pregunte a Riga y haga el más mínimo gesto de protesta.
