El diputado y portavoz de Izquierda Unida en temas de Educación en el Congreso, Toni Valero, ha impulsado una iniciativa parlamentaria para que el Ministerio de Educación se pronuncie y exponga sus planes ante los “graves problemas en los procesos selectivos a los cuerpos de personal docente de Enseñanza Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial” en distintas comunidades autónomas, en especial las de Andalucía, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.
Valero, junto con los diputados Nahuel González también de Izquierda Unida y Txema Guijarro del Grupo Plurinacional Sumar, firma un texto en el que interroga al ministerio si “prevé la intervención de la Alta Inspección de Educación para aclarar las denuncias presentadas por las organizaciones sindicales y los aspirantes afectados” y pide “garantizar la protección de los derechos constitucionales de las personas opositoras”.
Los diputados en su escrito señalan, de entre el cúmulo de problemas detectados, «pruebas mal diseñadas y, en muchos casos, imposibles de resolver en un formato de proceso anticuado y mal organizado” o la existencia de “temarios obsoletos”; “falta de criterios homogéneos entre tribunales, incluso dentro de las mismas comunidades y de las mismas especialidades”, el “retraso en la publicación de los criterios de evaluación”, conocidos solo días antes de las pruebas “afectando a opositores que llevan años preparando este proceso”.
El texto presentado por los diputados firmantes reclama del Ministerio de Educación que aclare si piensa «introducir cambios normativos que impidan que los criterios de invalidación de pruebas difieran entre tribunales”. Para Valero «es urgente que el ministerio abra negociación con las fuerzas sindicales para garantizar un modelo de acceso que garantice transparencia, el respeto a la profesión docente y la cobertura de las necesidades del sistema educativo público”.
Los diputados consideran que se ha causado un perjuicio económico y profesional a las personas opositoras, maltratadas por un procedimiento poco transparente y que por lo ocurrido han quedado vacantes plazas vacantes y sin adjudicar, lo que supone mantener tasas de empleo temporal, incumpliendo por parte de la administración pública el mandato judicial europeo de reducir la interinidad por debajo del 8%, agravado por la salida forzosa de profesorado interino de las bolsas de empleo, al no poder completar el proceso selectivo.
