No es posible aceptar de nuevo las limitaciones que impuso la parte más inmodélica de la Transición. Entonces se dijo que la «desmemoria» se había pactado porque se negociaba con una pistola encima de la mesa. ¿Qué ha pasado ahora? Se ha hecho una ley a la medida de la derecha, como ha declarado el Presidente del Gobierno.
La no anulación de las causas franquistas, supone un sello de impunidad inaceptable para un régimen que en 1946 (Res.39-I-) en votación unánime en la Asamblea General de la ONU fue declarado ilegal e ilegítimo. Se incumple igualmente la resolución de 1997 (2 de octubre) en la que se recuerda que España sigue sin cumplir el derecho a saber, a la justicia y a la reparación de las víctimas y sus familiares. Incluso no se tiene tampoco en cuenta la instancia del Consejo de Europa a que el 18 de julio sea declarado día oficial de condena de la Dictadura franquista.
Desde el PCE, partido que nunca dejó de luchar contra el régimen franquista, se insta al Gobierno a retirar la denominada «ley de extensión de los derechos a los afectados de la Guerra Civil y la Dictadura», debiendo redactarse en función de la promesa que se hizo, una auténtica ley de la memoria histórica en base a la legalidad y las declaraciones citadas, y de forma consensuada. «El PCE, desde la necesidad de una auténtica reparación de la memoria real y las víctimas de la Dictadura se reserva la posibilidad de una movilización continuada contra este nuevo intento de impunidad del régimen franquista y de la segunda versión de la amnesia histórica; un nuevo ejemplo de equidistancia en función de la presión determinante para el gobierno de la derecha heredera, en cierto grado, del franquismo, que ha entendido la Transición en el sentido de que la democracia española es una libertad otorgada desde la generosidad de la derecha y que, por lo tanto, tiene una serie de límites, entre ellos el de la recuperación de la memoria real de un régimen legal y legitimo derrocado por un golpe de Estado.
