Siguen saliendo balances del año que ya terminó hace 3 meses. Ahora ha sido el turno de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), quien recuerda en un comunicado que la cifra total de desahucios en 2022 ha sido de 38.266, según los datos aportados por el CGPJ, «lo que nos lleva a 105/día sobre los 365 días del año; aunque si depuramos y nos limitamos a los días realmente hábiles del año: 216, la cifra supera los 177 desahucios diarios», señalan desde la Plataforma.
Para la PAH, la bajada con respecto a 2021 es de 3.093, no se puede atribuir a un cambio legislativo, pues no se ha producido, ni a una mejora del escudo social, que fue prorrogado tal cual estaba, ni a la mejora de las condiciones económicas de la población, ya que según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó en 2021, llegando al 27,8%; recordando que aún el 8,3% de la población se encuentra en situación de carencia material y social severa.
«En esta situación va a incidir la inflación ocasionada por la Guerra de Ucrania y la subida de tipos de interés. El descenso en los desahucios cabe atribuirlo a la sangría acumulada en todo el periodo anterior, a procesos internos de mayor lentitud en el trabajo judicial, unida, por supuesto, a las denuncias del incumplimiento del escudo social cuando se cumplían los requisitos y a los esfuerzos de la PAH y otros MMSS por forzar negociaciones con la banca, fondos buitre, Sareb y grandes propietarios de vivienda cuyos resultados frenan la emergencia habitacional», señalan desde este movimiento de lucha por la vivienda digna.
En el comunicado, además exigen a los partidos del Gobierno, especialmente al PSOE, que no se niegue a incorporar a la futura Ley por el Derecho a la Vivienda los ejes que garantizarán el derecho a la vivienda: la prohibición de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional, la necesidad ineludible de incorporar el Alquiler social y asequible para superar la intransigencia de fondos y banca a renovar los contratos de familias sin alternativa, el control efectivo de las rentas impagables de los alquileres que afecte a todos los propietarios y a todos los territorios, así como la creación de un Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y de carácter social, partiendo de las que son propiedad de la Sareb y de las viviendas vacías de la banca rescatada. Además, piden replantearse de una vez por todas la responsabilidad limitada, la segunda oportunidad para evitar el sobreendeudamiento y la garantía de suministros.
«Esta situación no acabará hasta que la Vivienda sea legalmente tratada como un Derecho y no como un simple objeto de consumo e inversión, como estamos reclamando las más de 120 organizaciones que integramos la Iniciativa Ley Vivienda, y como le exigen al Gobierno de España desde Naciones Unidas», concluye el comunicado manifestando que desde la PAH seguiran luchando para que esa futura Ley por el Derecho a la Vivienda, no sea sólo un efecto publicitario, sino una realidad que permita ese acceso.
