El error en la izquierda es creer que basta con denunciar a esos gobernantes insensibles ante la necesidad, cuando lo grave es la insensibilidad de una sociedad egoísta e individualista.
Desde la izquierda damos por hecho que nuestras democracias deben proteger con especial interés, prestaciones y presupuesto para los más desfavorecidos. Consideramos la solidaridad como un elemento intrínseco y asegurado de nuestro sistema político y económico, o al menos, deseable.
Sin embargo, vemos cómo los gobiernos de la derecha no lo comparten ni lo aplican. Baste como ejemplo la curiosa medida de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de aprobar unas ayudas para contratar personal doméstico que se concederán por orden de solicitud y no de necesidad, y que podrán ser recibidas por familias con más de 100.000 euros de ingresos, es una muestra de desprecio al carácter social y solidario que deben tener las medidas estatales.
Lo que debemos reflexionar es por qué a la derecha le compensa y le renta en votos hacer esas políticas antisociales. No es solo porque beneficien a clases acomodadas, sino porque pueden serle rentables políticamente. O dicho de otra forma, quizás estemos en una sociedad que no comparte nuestros principios de solidaridad y que prefiere un Estado que proporcione ayudas a clases y sectores sociales que no los necesiten, aunque suponga negárselo a los más empobrecidos. Es decir, es un problema de valores individualistas asumidos por la ciudadanía.
Si en Madrid triunfó la cruzada a favor de los bares durante la pandemia, a pesar del peligro de contagio y mortalidad por Covid para los más débiles, es porque había más gente pensando en salir de cañas que angustiados por la posible muerte de sus abuelos. Si hiciéramos frías cuentas tras la pandemia, podríamos descubrir que frente a las siete mil familias madrileñas que se indignaron por la muerte de su abuelo en una residencia sin asistencia médica, Ayuso recabó más votos entre los que se pudieron ir de cena y ocio, o seguir trabajando, gracias al levantamiento de las medidas de control sanitario.
De modo que no siempre las políticas de solidaridad son “rentables” desde el punto de vista electoral. Porque, además, falta saber hasta qué punto esos sectores humildes beneficiados por las políticas sociales (Ingreso Mínimo Vital, aumento del SMI, mejora de pensiones contributivas) se movilizan después para apoyar a los gobiernos que las aprobaron.
El resultado, por tanto, son muchos gobernantes legislando para mayorías que no necesitan esas ayudas en detrimento de los necesitados. Existen más ayudas públicas que no poseen ningún carácter solidario ni redistributivo: el bono social eléctrico para familias con dos hijos, las ayudas para los que se puedan permitir comprar un coche eléctrico, las subvenciones para la instalación de placas solares a quienes puedan adelantar cuatro mil euros que suele ser el presupuesto, el descuento en los carburantes.
Basta observar el informe de la OCDE, donde muestra que el 20% de los hogares más ricos de España recibió más del 30% de las transferencias del Estado, mientras que al 20% de los más pobres solo fueron a parar el 12%.
El resultado es un Estado que dice recaudar impuestos para prestar justicia redistributiva, pero que muchas veces, como un anti Robin Hood, lo recaudado se lo da a los ricos.
El error en la izquierda es creer que basta con denunciar a esos gobernantes insensibles ante la necesidad, cuando lo grave es la insensibilidad de una sociedad egoísta e individualista. Quizás el problema no es tanto Ayuso, sino nuestro vecino que le premia sus políticas antisociales porque las comparte.
